Roberto Ibiricu Coto
Un precio muy alto por clamar justicia
Roberto Ibiricu Coto lo había advertido. "De mi casa tendrán que sacarme muerto. Llegaré hasta donde sea para que revisen mi caso", dijo a Interviú el viernes 23 de junio de 2000. El Lunes siguiente, una comisión judicial formada por un agente, funcionarios, policías y un cerrajero acudía a las 12 del mediodía para ejecutar el embargo de su vivienda, en el barrio del Pilar de Madrid. La sentencia que le condenó en 1993 a ocho años de prisión por estafa al negarse a devolver varias fianzas a los arrendatarios de unos locales que tenía en la capital establecía el pago de una indemnización a los inquilinos.
El 26 de junio, la agente judicial informó telefónicamente al juez del comienzo de la diligencia. Cuando abrieron la puerta, Ibiricu estaba tendido inconsciente en el sofá, había ingerido un montón de pastillas y había dejado escrita una carta de su puño y letra en la que pedía la revisión de su causa. Ni caso. La comisión judicial llamó al Samur y prosiguió con la diligencia. La ambulancia se lo llevó entubado al hospital mientras en el piso se hablaba de retirar sus pertenencias. Este ejemplo de insensibilidad judicial -"de violación del derecho de defensa, diría yo, ya que han practicado el embargo con una de las partes implicadas sin sentido y con las facultades anuladas", sostiene su abogado, Rafael Ruiz- es un episodio más que anormal del funcionamiento de la justicia. Ha sido la protesta más extrema de este asturiano de 57 años para que se revise el proceso penal que le llevó a prisión por una estafa que él dice que no cometió. Hoy, después de haber pasado diez días en coma, Ibiricu ya ha salido del hospital.
Hombre culto que escribe en seis idiomas, con más de 30 libros publicados y que trabajó de escritor y guionista de cine, Ibiricu siempre ha mantenido que su encarcelamiento fue una venganza personal del juez de la Audencia de Madrid Miguel Hidalgo Abia. Días antes de sentarse en el banquillo acusado de no devolver el dinero entregado como fianza por varios arrendatarios de unos pubs que poseía en Madrid, Ibiricu acudió a un programa de televisión y arremetió contra los que le iban a juzgar. Fue su perdición. Roberto denunció desde un principio que las personas a las que había alquilado los pubs habían dejado de pagarle la renta, pero éstos supuestamente se unieron y le acusaron de no querer devolverles la fianza. Su tenacidad defendiendo que iba a ser condenado con la única prueba de un papel fotocopiado -una supuesta orden de desalojo contra los arrendatarios, que dijeron había falsificado-, le terminó pasando factura. En la cárcel pasó tres años y desde que logró la libertad condicional ha acudido al Defensor del Pueblo, a Estrasburgo, a Amnistía Internacional, al Constitucional; ha denunciado la "sinvergonzonería" de media docena de abogados y ha puesto en evidencia al tribunal que lo condenó.
En abril de 1996, cuando se tramitaba su indulto, el juez Hidalgo se opuso a la medida de gracia y acusó a Ibiricu de poseer una "personalidad de base esquizoide", apreciación que el Servicio de Salud Mental de la Comunidad de Madrid desmintió después al afirmar que no sufría "ningún trastorno delirante paranoide o esquizofrenia paranoide". El abogado Rafael Ruiz, defensor de Ibiricu y representante de la Asociación de Afectados por Abusos Judiciales, estudia presentar un recurso de revisión ante el supremo y asegura que el juzgado ha dictado resoluciones sin que el cliente tuviese abogado. A finales de 1999 Ibiricu recusó al juez Hidalgo por "enemistad manifiesta", actuación que, como muchas otras, no ha servido de nada. "Este juez estaba contaminado desde que sentenció a Roberto y ha seguido prejuzgándole y tomando decisiones predeterminadas", mantiene Ruiz.